El exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, ha sido puesto en prisión preventiva por el juez Luis Rivera de la Corte Nacional de Justicia, luego de que la Fiscalía del país lo solicitara. El caso está relacionado con la reconstrucción de Manabí. El abogado de Glas ha anunciado que apelará esta decisión.
El pedido de prisión preventiva fue aceptado por el juez, ya que existen fundamentos legales para hacerlo. En el mismo pedido, también se dictó prisión preventiva para Carlos B. y se impuso a Pablo O. la prohibición de salida del país y presentación periódica.
Jorge Glas buscó asilo en la embajada de México en Ecuador en diciembre pasado, argumentando ser víctima de persecución política por parte de las autoridades judiciales de su país. Sin embargo, ahora deberá enfrentar las acusaciones en su contra en el caso de Reconstrucción Manabí.
En este caso, Glas y otros acusados se les imputa el presunto delito de peculado por mal uso de recursos públicos. Según la Fiscalía, estos hechos ocurrieron durante su gestión como presidente del Comité para la reconstrucción y reactivación productiva del empleo, creado después del terremoto de magnitud 7,8 que afectó la región de Manabí en abril de 2016. En ese mismo año se promulgó la Ley orgánica de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción y reactivación económica de las zonas costeras del país afectadas por el sismo.
El abogado de Glas, Edison Loaiza, ha anunciado que apelarán la decisión del juez, ya que consideran que no se tomaron en cuenta los documentos presentados y que no era necesario dictar prisión preventiva. Además, argumentan que se debería haber considerado el comportamiento de Glas durante el proceso penal y haberle otorgado medidas cautelares en lugar de la prisión preventiva.
El exvicepresidente se encuentra actualmente en la embajada mexicana en Quito y está a la espera de una respuesta del Gobierno de México sobre su pedido de asilo.
En relación al caso de Reconstrucción Manabí, la Contraloría General de Ecuador encontró irregularidades en un contrato firmado en marzo de 2017 para la construcción de la vía Manta-Colisa, por un costo de más de US$ 68 millones. Según la Fiscalía, esta carretera no cumplía con los criterios establecidos por la Ley de solidaridad y reconstrucción, pero aún así fue adjudicada.
La fiscal general explicó en un mensaje en Twitter, ahora X, que esta carretera se consideró prioritaria sin tener en cuenta otros 587 proyectos de reconstrucción de infraestructura pública de vivienda, salud y educación que requerían atención inmediata después del terremoto.
