El incremento de las cuotas de la medicina prepaga será en febrero de entre 24% y 30%, según lo que están comunicando las entidades a sus afiliados. Se trata de la segunda suba que se aplica luego del anuncio del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 -cuestionado ante la Justicia y enviado esta misma tarde al Congreso de la Nación para su tratamiento-, con el cual el Poder Ejecutivo derogó los artículos de la ley de prepagas referidos a la regulación de los precios en la actividad.
Con la nueva suba en los dos primeros meses del año se acumulará un reajuste de entre 70% y 82%, aproximadamente. En 2023 los valores de los planes de salud se habían reajustado, de punta a punta, un 135,7%, mientras que la inflación fue de entre 200% y 220%, según las estimaciones de varias consultoras económicas (el dato oficial del Índice de Precios al Consumidor de diciembre será difundido por el Indec el jueves de la semana próxima). Muchos ingresos, sin embargo, se movieron por debajo incluso del 135,7%, como el caso de las jubilaciones a las que solo se les otorgó la recomposición según el índice de movilidad, del que resultó una recomposición de solo 100,9% en todo 2023.
Apenas conocida la medida de liberación de precios -el DNU fue anunciado el 20 de diciembre y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial-, el presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS) y dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, sostuvo que el sistema tenía un retraso acumulado de un 54% en sus precios en relación con la suba de costos. Por aquellos días, las empresas enviaron a sus afiliados la comunicación de subas de entre 35% y 40% para las cuotas de enero. Por lo general, el vencimiento de este mes fue prorrogado para después del día 20, porque los reajustes deben notificarse con al menos 30 días de anticipación.
El DNU llamado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina” libera los precios de los planes de salud, al derogar, de la normativa de regulación de las prepagas, la parte referida a las atribuciones de las autoridades de de Salud para autorizar las subas de precios. La ley 26.682 aprobada en 2011 y de la cual se dejan ahora sin efecto algunos artículos –total o parcialmente–, le otorgó en su momento a la Superintendencia de Servicios de Salud la facultad de fiscalizar y garantizar “la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales”.
Sí se ratificó, en cambio, la vigencia de una limitación para fijar precios diferenciales en función de la edad de los afiliados. Es la que indica que entre la primera y la última franja etaria del esquema definido para fijar los valores, no puede haber una diferencia de más de tres veces.
Un sector en desequilibrio
En los últimos meses, los problemas de financiamiento del sector privado de la salud se empezaron a sentir de manera cada vez más intensa en la calidad de los servicios, con demoras en los turnos, salida de médicos de las cartillas y cobros de copagos o bonos contribución para la atención. Además, se sumaron los problemas para conseguir insumos importados, según advirtieron con insistencia varias entidades que nuclean a prestadores de diferentes especialidades médicas.
Según datos elaborados por Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), entre diciembre de 2019 y el último mes de 2023, es decir, en los últimos cuatro años, mientras que la inflación general estimada fue de 1140% y el dólar oficial subió un 1242%, el precio de los planes de salud tuvo un incremento, dadas las subas que iba permitiendo el gobierno anterior, de 667%. Según ese mismo cuadro estadístico, los medicamentos subieron en igual período un 1750% y el costo del Plan Médico Obligatorio (PMO), un 849% (en este último caso, se trata del índice medido por la consultora Prosanity). También se consigna que el costo de un transplante, por ejemplo, tuvo una suba acumulada de 1935%; el precio de los sueros, de 1907; el de las placas, de $1569%, y el de la anestesia, de 902%.
Los fuertes incrementos actuales para los asociados a los planes de salud llegan después de un año en el que las subas eran autorizadas en función de un Índice de Costos de Salud elaborado por el gobierno, en el marco de un esquema que permitía solicitar, vía una declaración jurada y cumpliendo ciertas condiciones, la aplicación de un tope al porcentaje de los aumentos mensuales, según un sistema que, en rigor, en los meses posteriores iba incorporando a los precios el incremento al 100%, sin el techo.
Fue en año en el que también, al calor de las medidas con tinte electoral lanzadas por el exministro de Economía, Sergio Massa, hubo un congelamiento de los precios por tres meses (entre octubre y diciembre), a los que pudieron acceder algunas familias y personas adheridas a planes de salud. Para quienes estuvieron en este último grupo, las empresas -que siempre señalaron que no estaban en condiciones de asumir el costo de esa medida- incorporan ahora las subas que se habían definido para las cuotas de los meses en cuestión (que a la mayoría de los afiliados se les aplicaron, sin tope, en cada uno de esos períodos), y que dieron un índice acumulado de 40,67% (esa incorporación a los valores de las cuotas estaba ya previsto, más allá de que no se hubiera existido el DNU de desregulación).
El contexto en el que se dan las subas, ahora liberadas, es el de una alta inflación y un fuerte deterioro del poder adquisitivo de los ingresos de las familias. Desde el sector afirman que no tienen margen para continuar sin recomponer sus ingresos, de los que surgen los recursos para mantener sus propias estructuras y para pagar a los prestadores (médicos e instituciones).
En los últimos tiempos, muchas entidades que dan servicios de diferentes especialidades advirtieron sobre la brecha creciente entre el aumento de sus costos y la variación de los aranceles recibidos del sector financiador del sistema. Ahora, las prepagas ofrecen que continúe la práctica (vigente por regulaciones hasta 2023) de otorgar a los prestadores un aumento de un porcentaje equivalente al 90% de la suba a los afiliados (por enero, eso significaría un 36%).
En el sector prestador afirman que, más allá de cuál sea el nivel de la recomposición, existe un factor de desfase que no es menor, y es el hecho de que los aranceles se cobran efectivamente hasta cuatro meses después de realizarse la prestación. “En un proceso inflacionario como el actual, estar cobrando a 60, 90 o 120 días es una locura total”, dijo a LA NACION Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra), quien sostuvo que esas entidades llegaron a 2024 con un déficit de entre 70% y 80% y con una situación que se agravó con fuerza en los últimos meses.
