Violencia en las adyacencias del Congreso durante la votación de la Ley Bases.
Al finalizar la jornada después de la histórica votación en el Senado sobre la Ley Bases, las inmediaciones del Congreso presentaban un panorama desolador. Los destrozos eran evidentes: autos volcados e incendiados, bicicletas del sistema público prendidas fuego, contenedores y tachos de basura vandalizados, piedras y cascotes esparcidos por todas partes, canteros destrozados. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya ha estimado que el costo de las reparaciones y tareas de limpieza asciende a al menos 278 millones de pesos.
Además, se produjo la detención de 35 personas durante la violenta protesta, entre ellas dos individuos por intento de robo del interior del vehículo de prensa de Cadena 3, que fue consumido por las llamas en medio del caos. Hasta el momento, ninguno de ellos ha sido indagado. Según fuentes oficiales, algunos detenidos fueron arrestados por la Policía de la Ciudad, mientras que otros fueron aprehendidos por fuerzas de seguridad nacionales. Se les imputan delitos como daños, estragos, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones a ocho policías federales y cuatro gendarmes, intimidación pública y tentativa de robo.
Los detenidos por las fuerzas federales fueron remitidos al juzgado federal N°1, a cargo de la jueza María Romilda Servini. La situación de otros detenidos fue notificada a la Unidad de Flagrancia Este, dirigida por el fiscal Carlos Caputo, y los dos individuos acusados de intento de robo al vehículo de prensa de Cadena 3 están a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento, titular del juzgado nacional en lo criminal N°30.
En horas de la mañana, se resolvió que todos los detenidos por delitos contra la seguridad y el orden público quedarán a disposición de la Justicia federal. Esta decisión permite que la Justicia federal investigue bajo la hipótesis de un eventual atentado al orden constitucional y la vida democrática.
La acción penal está siendo impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien ha solicitado la indagatoria de los detenidos por delitos como lesiones, daños simples y agravados, incendio o estrago, delitos contra la seguridad pública, instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva contra las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que buscan imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravado, resistencia a la autoridad y perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos, con la posible agravante del artículo 41 quinquies del Código Penal, prevista para la comisión de eventuales acciones terroristas.
Stornelli también ha adelantado que pedirá prisiones preventivas para los imputados mientras avanza la investigación para determinar los actos de cada implicado y la identificación de otros autores de los disturbios.
Esta estrategia procesal es consistente con la visión que el Gobierno tiene de los acontecimientos ocurridos en las cercanías del Palacio Judicial durante la maratónica jornada en la que se aprobó la ley impulsada por Javier Milei. Antes de partir hacia Europa para asistir a la reunión del G7, el presidente expresó sin rodeos: “Nos quieren tirar un muerto”.
En la mañana de hoy, durante su ronda de preguntas con los periodistas acreditados, el vocero del Poder Ejecutivo, Manuel Adorni, afirmó que los manifestantes que llevaron a cabo los actos más violentos son “terroristas que quisieron poner de rodillas a la democracia”.
El secretario de Seguridad de la Ciudad, Diego Kravetz, en diálogo con LN+, también afirmó que “faltarle el respeto a la policía es un atentado” y que las personas detenidas ayer “merecen una sanción ejemplar”.
El Ministerio de Seguridad de la Nación ha anunciado que presentará una demanda contra los imputados, aquellos que sean identificados posteriormente y los líderes de las organizaciones a las que puedan pertenecer, para que se hagan cargo de los costos del operativo y la reparación de los daños.
Fuentes gubernamentales reconocen que, más allá de las declaraciones y definiciones políticas, hasta el momento no se ha podido determinar un patrón que sugiera una coordinación de acciones en los incidentes ocurridos ayer. Tampoco se ha establecido la filiación política de los detenidos, lo cual dificulta la posibilidad de vislumbrar una conspiración previa para llevar a cabo actos desestabilizadores.
