Luis Caputo en dialogo con las empresas de colectivo.
Las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) han enviado una carta documento al ministro de Economía, Luis Caputo, solicitando la cancelación de una deuda de más de 50 mil millones de pesos en subsidios. Esta falta de pago pone en riesgo la continuidad de los servicios de transporte de la región.
La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AETA) ha instado a las autoridades de Nación y Provincia a cumplir con los contratos y reglas vigentes, en línea con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, que declara al servicio de transporte de pasajeros como “trascendental”.
En la carta enviada por medio de Correo Argentino, se destaca que la Secretaría de Transporte actualizó los costos de la actividad el 26 de febrero, subestimando los costos reales. Esta situación ha llevado a una reducción de los ingresos tarifarios y/o de las compensaciones necesarias para cubrir los gastos.
Además, se denuncia que la Secretaría de Transporte de la Nación adeuda una parte de la liquidación de las compensaciones tarifarias de los meses de enero y febrero de 2024, por un total de 50.278 millones de pesos. Esta situación financiera dificulta el cumplimiento del acuerdo salarial del 2 de febrero, que establece el pago de una suma no remunerativa de $250.000 el 15 de marzo de 2024.
La continúa subestimación de los costos de la actividad, sumada a la resolución 15/24 del Ministerio de Infraestructura y la demora en la liquidación de los subsidios, afecta la propiedad privada, el patrimonio de las empresas y la continuidad del servicio, que ha sido declarado como “trascendental” por el Estado Nacional en el DNU 70/23. La carta fue firmada por las cinco cámaras empresarias de transporte automotor de pasajeros del AMBA (AAETA, CEAP, Cetuba, Etuba, Ctpba y Ceutuba).
Además, las compañías critican las actitudes “disvaliosas” que se aplican al área de transporte y consideran que están lejos de los lineamientos de la política económica implementada por el Poder Ejecutivo en otros sectores de la economía. Estas actitudes incluyen una intervención estatal perjudicial para la actividad empresarial, el respeto por el sistema de precios y el cumplimiento de la ley, con un enfoque absoluto en el respeto por la propiedad privada.
En este sentido, se destaca que el Estado fija de manera equivocada y arbitraria el nivel de ingreso, sin asumir la responsabilidad de este incumplimiento contractual que afecta a los servicios. Esta situación ha llevado a una reducción en la oferta de frecuencias y en los niveles de inversión, resultando en vehículos obsoletos y empeorando la situación para las empresas, los trabajadores y los usuarios.
