El estado de la violencia en Nicaragua.
En un informe publicado este jueves, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua insta al Gobierno del presidente Daniel Ortega a rendir cuentas por considerar que persigue a su propio pueblo, perpetra crímenes contra la oposición y elimina la iniciativa de movilización social.
El grupo, como organismo independiente con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tiene la misión de investigar presuntas violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde 2018.
El impacto en la población nicaragüense es devastador. Según el organismo, recuperar lo perdido bajo el Gobierno de Ortega y Murillo requerirá tiempo y recursos significativos.
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El presidente del Grupo de Expertos, Jan Simon, señaló en el documento que el Estado nicaragüense persigue a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas. En el mensaje de Año Nuevo, el papa Francisco dedicó su oración a la persecución sufrida por los religiosos en Nicaragua.
El informe destaca un aumento exponencial de las violaciones destinadas a “incapacitar a la oposición a largo plazo”. En julio de 2023, el opositor nicaragüense en el exilio Juan Sebastián Chamorro mencionó la necesidad de que la comunidad internacional aplicara más sanciones al régimen de Ortega y a sus funcionarios.
Conclusiones alarmantes
El Grupo de Expertos encontró motivos razonables para concluir que, desde abril de 2018, diversos agentes estatales y no estatales, siguiendo órdenes del Presidente y la Vicepresidente, cometieron graves violaciones y abusos de los derechos humanos contra la población nicaragüense por motivos políticos.
Según el informe, 935.065 personas han abandonado Nicaragua entre 2018 y junio de 2023, incluidos solicitantes de asilo y refugiados. Los niños y nicaragüenses que no han huido sufren represalias, y las autoridades extienden la persecución a quienes se encuentran en el extranjero.
El Grupo de Expertos hace un llamado a la comunidad internacional para utilizar sus conclusiones en materia de relaciones y políticas de seguridad, financieras y comerciales, y para aumentar las sanciones contra las personas o instituciones que violan los derechos humanos en Nicaragua.
